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Los asentamientos bajo la ley internacional

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Aportado por: Aizik
Fecha de creación: 2002-04-14 15:08:05
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Los asentamientos bajo la ley internacional

Intifada de Al Aqsa
Por el lic. Julian Schvindlerman


El intento de dibujar a Israel ante los medios de comunicación y en los foros internacionales como un "estado criminal" no guardan relación con la realidad factual o legal. Las acusaciones se basan en la política israelí de asentamientos en los territorios como violaciones flagrantes de la IV Convención de Ginebra. El punto, que parece ser todo el caso palestino, es debatible, cuando no refutable.

Introducción

Ampliamente etiquetados por los palestinos y vastos sectores de la comunidad internacional como "obstáculos para la paz", los asentamientos han sido a lo largo del proceso de Oslo permanente fuente de controversia. Juzgado a partir de las quejas palestinas y en función a su impacto mediático, uno debiera concluir que Israel ha construido desde 1993 innumerable cantidad de asentamientos, masivamente, en todo el área de los territorios. El lector probablemente se sorprenderá en saber que

1. los asentamientos ocupan apenas el 1.36% de la totalidad del área de la Margen Occidental (excluyendo Jerusalem oriental y caminos de acceso), y que
2. en un período de siete años, desde septiembre de 1993 hasta diciembre del 2000, Israel construyó oficialmente tan sólo tres asentamientos nuevos. De los actuales 145 asentamientos, albergando una población de 177.000 almas, 142 fueron establecidos en el período 1967-1993.


No ha sido, obviamente, la construcción de asentamientos lo que ha enervado a la comunidad palestina sino la expansión de asentamientos preexistentes. Tal como ellos saben, la construcción de asentamientos no está prohibida en los Acuerdos de Oslo. Ergo, Arafat y Cía. aducen que los mismos son una violación a la ley internacional. En el mejor de los casos, el punto es debatible; en el peor, refutable.

Una Ocupación Benigna

Los documentos legales fundamentales en este sentido son la IV Convención de la Haya sobre Contienda Terrestre (1907) y la IV Convención de Ginebra sobre la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra (1949). Israel acepta de jure y de facto la primera, pero rechaza en principio la aplicabilidad de la segunda a los territorios.

La adquisición de tierras para la construcción de asentamientos por parte de Israel está en conformidad con la ley internacional. Israel no expropia tierras privadas para la construcción de asentamientos –a pesar que el artículo 52 de las regulaciones de la Haya facultan a un estado a hacer eso si existe justificativo militar— y se ha limitado a expropiar tierras públicas "luego de que una comprehensiva investigación haya confirmado que ningún derecho privado existe en la tierra en cuestión", según la cancillería israelí. En general, tierras árabes no fueron confiscadas salvo con fines públicos, principalmente para la construcción de caminos. Cualquier individuo puede apelar a la Corte Suprema de Justicia israelí si considera que sus derechos fueron vulnerados. El renombrado caso Har Jomá es ejemplo de esto: el gobierno adquirió un área de 1.850 dunas de las cuales 1.400 pertenecían a dueños judíos y 450 a propietarios árabes. Aunque el estado ofreció compensación total por la expropiación, tanto los propietarios árabes como judíos llevaron su causa a la corte, eventualmente llegando a la Corte Suprema, la que finalmente se pronunció a favor del gobierno.

En cuanto a la IV Convención de Ginebra, Israel no acepta de jure su aplicabilidad (Israel nunca se consideró un "ocupador" de Judea, Samaria y Gaza y en consecuencia no reconoció dicha Convención, dado que la misma trata sobre temas de ocupación) pero se ha regido de facto conforme a las normas humanitarias por ella establecidas. Esto puede verse, entre otros, mediante la construcción de universidades, mejoría en los servicios de salud, y la creación de una política de "puentes abiertos" durante el período 1967-1993.

Actualmente hay 6 universidades en Judea, Samaria y Gaza y más de 20 colegios comunales. Todos fueron establecidos durante el período de la administración israelí (a partir de 1967) o con permiso israelí en algunos casos. Entre 1948-1967, período en que los territorios estuvieron en manos jordanas, la educación terciaria estaba restringida; las universidades estaban directamente prohibidas. Con el tiempo, estas casas de estudio se convirtieron en centros de agitación política a partir de disputas entre las varias facciones palestinas, alcanzando gran inestabilidad durante la primera Intifada, llevando a la administración israelí a cerrarlas transitoriamente.

Asimismo, servicios médicos fueron desarrollados y promovidos. La administración israelí estableció clínicas de maternidad de alto riesgo, una escuela de enfermería y varios programas educativos vinculados a la salud. Además entrenó médicos, enfermeras y conductores de ambulancia palestinos. Israel implementó un sistema de inmunización contra varias enfermedades logrando reducir significativamente las tasas de enfermedad. Por ejemplo, la tasa de enfermos de tétanos por cada 100.000 habitantes en los territorios era de 66.9 en 1970; en 1993 era de 0.7. La mortandad infantil declinó de entre 100-150 muertes por cada 1.000 nacimientos en 1967, a 20-25 por cada 1.000 nacimientos en 1994.

Israel además implementó una política de "puentes abiertos", un fenómeno sin precedentes en las relaciones internacionales, la cual permitía a la población bajo ocupación cruzar la frontera entre dos países hostiles (Jordania e Israel). La IV Convención no demanda que los habitantes de un territorio ocupado reciban el derecho a apelar a la Corte Suprema de Justicia (un derecho que Israel otorgó a los palestinos durante '67-'93), ni tampoco prohíbe la aplicación de la pena de muerte (algo que Israel rehusó aplicar incluso lidiando con masacres terroristas).

Esto convierte a Israel en el único estado del mundo en adoptar voluntariamente las provisiones humanitarias de la IV Convención. Esto no quiere decir que la población palestina no haya estado expuesta a abusos por parte de las autoridades israelíes, pero indudablemente atestigua respecto a qué tipo de "ocupador" fue Israel.

La IV Convención de Ginebra

Al aducir que el establecimiento de asentamientos israelíes en áreas administradas u ocupadas viola la IV Convención, los palestinos destacan el artículo 49, inciso 6, de la misma, que sostiene: "El Poder Ocupador no deportará o transferirá partes de su población civil hacia el territorio que ocupa". Los israelíes sostienen que el propósito de esta provisión es evitar la transferencia forzada de poblaciones enteras del país ocupador hacia la zona ocupada con el objeto de desplazar a la población del territorio ocupado. El título del artículo indica esto: "Deportaciones, Transferencias, Evacuaciones".

Creada a cuatro años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la IV Convención de Ginebra está claramente orientada a evitar transferencias forzadas como las que acontecieron en Checoslovaquia, Polonia y Hungría antes y durante la guerra. Dado que colonias judías existieron en Judea y Samaria por cientos de años (Hebrón es el caso más saliente) y que toda la historia judía, de hecho, está altamente interrelacionada con el área, la construcción de asentamientos difícilmente pueda verse como una política de transferencia poblacional hacia zonas foráneas. Ciertamente, no hay semblanza alguna entre el caso de un israelí que voluntariamente puebla la Margen Occidental y la deportación de un alemán a Budapest, especialmente cuando la transferencia es efectuada sin su consentimiento y probablemente contra su voluntad. Este movimiento de ciudadanos israelíes de ninguna manera promueve los objetivos espantosos ni acarrea el impacto dañino sobre la población palestina que la IV Convención apunta a prevenir. Es más, la construcción de asentamientos no ha tenido por objeto desplazar a palestinos; éstos han sido establecidos en zonas despobladas.

Algunos expertos legales discrepan con estos puntos sobre la base de que la IV Convención apunta a proteger los intereses de la población bajo ocupación, no los de la población del ocupador. En este sentido, tendría poca relevancia el hecho de que ciudadanos israelíes vean favorablemente al estado cuando éste construye asentamientos en los territorios en disputa, puesto que el acento está puesto en la situación de los habitantes de los territorios ocupados. En líneas similares, el argumento israelí en cuanto a que los asentamientos no resultan en desplazamientos de palestinos, es refutado con el contra-argumento de que la IV Convención no menciona el desplazamiento de locales, simplemente prohíbe la transferencia de población civil al territorio ocupado independientemente de si éste está habitado o no en ciertas zonas específicas.

Al mismo tiempo, es importante mencionar que varios asentamientos fueron establecidos de manera privada, no oficial. La IV Convención no objeta este emprendimiento privado dado que el componente de la acción estatal estaría ausente. Es decir, asentamientos establecidos exclusivamente por individuos u organizaciones, sin intervención estatal, son permitidos. Tal es el caso de las docenas de asentamientos que el movimiento colono estableció. Cabe señalar que hubo instancias en las que el gobierno de Israel desmanteló asentamientos construidos de manera no oficial.

Legalmente, una de las razones más importantes por las que Israel no se considera un ocupador en Judea, Samaria y Gaza, radica en el hecho de que Israel no ocupó territorio perteneciente a otro estado. Israel tomó estos territorios en una guerra de autodefensa (en sí mismo esto abre importantes observaciones legales que no serán aquí tratadas) de Jordania y Egipto, cuyas ocupaciones previas fueron inválidas bajo la ley intencional: sólo Gran Bretaña y Pakistán reconocieron tales ocupaciones. Con anterioridad a 1948, oportunidad en que Gaza y Cisjordania cayeron en manos árabes, la totalidad de dichas áreas estaba bajo el Mandato Británico. La IV Convención alude a casos de ocupación total o parcial del territorio de otro estado. Juristas internacionales han destacado que la Convención es inaplicable a los asentamientos judíos dado que los mismos se establecieron sobre porciones de tierra del Mandato Británico que nunca fueron parte de otro estado; ni de Jordania, ni de Israel, ni de ninguna otra entidad. Por esta razón los territorios han sido generalmente referidos como tierras "disputadas" —no "ilegales"— y un legítimo tema de negociación.

De Ocupadores Benignos a Criminales de Guerra

Las infracciones a la IV Convención son definidas como "un crimen contra la humanidad". En el marco del principio nazi de lebensraum (espacio vital), los alemanes transfirieron población a los territorios que ocuparon; de hacer esto hoy Alemania ingresaría a la categoría de un "estado criminal". De aplicar esta misma ley a la política de asentamientos israelíes, el Estado de Israel y cerca de 200.000 de sus ciudadanos serían considerados "criminales de guerra", pasibles de severas sanciones. La insistencia palestina en presentar a Israel como violador de la IV Convención tiene su raíz precisamente en la intención de transformar a Israel, ante la ley internacional y la opinión pública mundial, en un estado criminal. No por casualidad la primera vez que la IV Convención de Ginebra fue convocada desde su establecimiento, en julio de 1999, tuvo como propósito discutir la conducta israelí en los territorios en disputa. La iniciativa, no es de extrañar, fue palestina.

En síntesis:

* Asentamientos judíos han existido por siglos en el área.
* Aunque Israel no considera a Judea, Samaria y Gaza como "territorios ocupados" voluntariamente ha adoptado las provisiones humanitarias estipuladas por la ley internacional.
* Israel generalmente no confisca tierra privada ni desplaza a la población local al construir asentamientos, cabe acotar, en tierras de enorme valor histórico para el pueblo judío.
* Tal como han reiteradamente observado diplomáticos israelíes, los varios intentos palestinos en procurar definir a Israel como un "estado criminal" –a la par de la Alemania nazi, nada menos— claramente obedecen a motivaciones políticas desprovistas de toda consideración legal o factual.

Bibliografía

Tomado de Hagshama E-zine



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